El diputado nacional por San Luis Carlos Almena (La Libertad Avanza), defendió su voto a favor de quitar subsidios al gas y confirmó que, en toda la provincia, solo el departamento Ayacucho mantendrá el beneficio por sus condiciones climáticas extremas. Con esta decisión, Villa de Merlo y el resto del departamento Junín quedan excluidos del régimen de Zona Fría, lo que consolida la eventualidad de un tarifazo que genera fuertes cruces políticos en la región.
En declaraciones a Merlo TV, Almena intentó justificar su voto, pese a las críticas que reciben los legisladores nacionales por San Luis que apoyan esta medida de Javier Milei. “Se subsidiaba a las familias más pudientes. El que vive en un country o en Puerto Madero hoy tiene el subsidio del gas a costa de un impuesto indirecto que pagamos todos”, dijo el diputado libertario.
Igual que su par Mónica Becerra, planteó que el impacto del aumento de tarifas en los hogares más pobres podrá ser contenido, porque el tope para mantener el subsidio por ingresos familiares se ubicará en torno a los 4,2 millones de pesos (equivalente a tres canastas básicas).
Según esa argumentación, quienes están por debajo de esa línea podrán registrarse o actualizar sus datos en la segmentación tarifaria de ANSES para acceder a la tarifa social.
Así y todo, el propio legislador reconoció el descontento social y admitió un error de cálculo en el calendario oficial: “Podría haber sido más prudente esperar a los meses cálidos para decir que íbamos a tomar esta medida”.
Las industrias no importan
Cuando le preguntaron por el sector industrial, Almena minimizó las consecuencias al asegurar que las grandes empresas se manejan con contratos directos con distribuidoras como Ecogas, por lo que sus esquemas no se verían comprometidos por esta votación.
Frente a la crítica del intendente de Santa Rosa Miguel Postiguillo, que le achacó votar en contra de los intereses puntanos, Almena alineó su postura con la disciplina fiscal de la Casa Rosada: justificó el recorte por la magnitud de la crisis energética y advirtió que las provincias arrastran una deuda con CAMMESA de 18.000 millones de dólares, una cifra que triplica el valor de YPF.
De este modo, mientras el norte provincial anticipa facturas impagables y las intendencias locales miden el costo político de su silencio para no confrontar con la Casa Rosada, los representantes libertarios dejan en claro que la prioridad es desarmar el esquema de subsidios antes de que llegue el invierno.
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